Magistrados y funcionarios del Poder Judicial porteño participaron el 6 y 7 de octubre de la cumbre internacional “Jueces, litigancia climática y derechos humanos”, realizada en la Casina Pío IV, sede de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, en la Ciudad del Vaticano
El encuentro reunió a jueces de tribunales nacionales, regionales e internacionales y a especialistas jurídicos y académicos de distintos países. La convocatoria estuvo a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas, creado en 2023 por el entonces papa Francisco
Una declaración para orientar la justicia climática
Al finalizar la reunión se firmó la Declaración de la Casina Pío IV sobre el acceso a la justicia climática. El documento define la emergencia climática como “una amenaza existencial” y sostiene que ya no puede ser considerada únicamente un asunto científico o político, sino también un problema jurídico relacionado con el cumplimiento efectivo de los derechos humanos
La declaración propone coordinar acciones para aplicar estándares internacionales en los litigios ambientales. Sus adherentes aclararon que los jueces no deben reemplazar a los poderes políticos en el diseño de políticas públicas, sino controlar que sus decisiones y omisiones respeten los derechos involucrados y las exigencias del Estado de Derecho Ambiental
El impacto sobre los grupos vulnerables
La delegación porteña estuvo encabezada por Roberto Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño y presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. También participaron Genoveva Ferrero, Gustavo Daniel Moreno, Horacio Corti y la diputada Vanesa Siley, en sus respectivos cargos judiciales y legislativos
Gallardo abrió y cerró la cumbre. En sus intervenciones destacó la influencia del magisterio social de Francisco y llamó a los jueces a actuar en defensa de la justicia social y la dignidad humana, con especial atención a los grupos vulnerados
Ferrero expuso sobre las consecuencias del cambio climático para las personas con discapacidad. Señaló que 1300 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad y enfrentan barreras de accesibilidad, movilidad, comunicación, comprensión y acceso a la información. Según explicó, durante huracanes, inundaciones, tsunamis u otras emergencias climáticas, esas dificultades se multiplican
También sostuvo que las personas con discapacidad deben dejar de ser consideradas únicamente como destinatarias de protección o rescate y participar como sujetos de derecho en la elaboración de las políticas ambientales
Moreno abordó el impacto de la crisis climática en la infancia, mientras que Corti analizó la importancia de los presupuestos nacionales para concretar planes de mitigación y neutralización de las amenazas climáticas
Participación internacional
Entre los asistentes estuvieron Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia; César Manuel Diesel Junghanns, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay; Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; João Cura Mariano, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, y Verónica Gómez, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La coordinación científica estuvo a cargo de Antonio Herman Benjamin, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Brasil