Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado avanzó este martes con dictámenes sobre dos acuerdos de transferencia de competencias penales desde la Justicia nacional hacia la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Uno de los convenios prevé que la Ciudad asuma la investigación y el juzgamiento de delitos contra el honor, la integridad sexual, la libertad y la seguridad del tránsito, entre otros. Para su puesta en marcha, la transferencia deberá contar con los recursos correspondientes
El segundo acuerdo establece que la Justicia porteña intervenga en los delitos no federales cometidos por menores de edad. La medida alcanza a adolescentes de entre 14 y 18 años, mientras que para los menores de 14 años se contempla una intervención tutelar
Los textos fueron firmados el 3 de julio por los ministros de Justicia de la Nación y de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, y recibieron apoyos con algunas observaciones durante el debate en comisión
Ahora deberán ser aprobados por ambas cámaras del Congreso y por la Legislatura porteña para entrar en vigencia plena. Luego habrá un plazo de 120 días para concretar la transferencia
Hasta entonces, la Justicia nacional seguirá tramitando las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del acuerdo y conservará la jurisdicción hasta que las sentencias queden firmes, incluida la etapa de ejecución penal
Entre las exposiciones, Javier Buján sostuvo que la Ciudad está en condiciones de asumir nuevas competencias y destacó el funcionamiento de su sistema acusatorio. En cambio, Ricardo Pinto planteó reparos por la incertidumbre que el proceso genera para magistrados, funcionarios y empleados
También expusieron Bárbara Moramarco Terrarossa, que pidió el cumplimiento de los convenios en materia de infancias y juventudes, y Eloy Aguirre Rébora, que detalló los aspectos presupuestarios del traspaso