La discusión sobre la compra de tierras por parte de extranjeros terminó convirtiéndose en un reflejo de los problemas políticos que enfrenta el gobierno de Javier Milei. Detrás de un debate legal y territorial aparece una pregunta más amplia: cómo logrará el oficialismo sostener sus reformas y construir mayorías en el Congreso

La controversia se originó en la ley 26.377, sancionada durante el kirchnerismo, que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Brasil, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, algunos estados de Estados Unidos y Hungría también aplican restricciones, con distintos alcances

El Decreto 70/2023, impulsado por el Gobierno y elaborado en buena medida bajo la conducción de Federico Sturzenegger, derogó esas limitaciones a través de su artículo 154. La medida fue cuestionada judicialmente por un grupo de excombatientes, y la Cámara Federal de La Plata consideró que podía afectar la soberanía nacional

Una disputa judicial con impacto político

La Corte Suprema rechazó la medida cautelar dictada por la Cámara platense. Según los jueces, los excombatientes no tenían legitimación suficiente para representar a todos los afectados por la cuestión de la soberanía

La resolución, sin embargo, no cerró el conflicto. La oposición avanzó con la posibilidad de rechazar el Decreto 70 en Diputados, después de que el Senado ya lo hubiera rechazado. Si la Cámara baja también lo desaprobara, el decreto perdería vigencia

En ese contexto, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti promovieron una aclaración para reducir el impacto político del fallo. Luego apareció una nueva presentación de la organización Árbol de Pie, que solicitó restablecer la ley anterior mediante una cautelar basada en argumentos ambientales

Carlos Rosenkrantz se opuso a tratar el planteo. Su disidencia obligó a convocar a dos conjueces: Diego Barroetaveña y Horacio Pérez Curci. Ambos fueron incorporados al acuerdo junto con Rosatti y Lorenzetti, en una reunión extraordinaria convocada con rapidez

La Corte resolvió conceder una cautelar interina hasta que el juez federal de Bariloche Leandro Gómez Constenla defina el fondo de la cuestión. La decisión produjo una situación contradictoria: suspendió temporalmente el decreto, pero al mismo tiempo redujo la posibilidad de que el Congreso lo volteara de inmediato

Rosenkrantz cuestionó esa adaptación de la Justicia al clima político y advirtió que podía afectar la confianza social en el máximo tribunal. La votación también expuso un inusual alineamiento entre Rosatti y Lorenzetti, enfrentados en otros asuntos, frente a la posición del ministro disidente

El oficialismo busca sostener sus mayorías

La disputa por las tierras se suma a otros frentes opositores vinculados con el financiamiento, las políticas para personas con discapacidad y la intervención estatal ante las deudas de familias con los bancos

La dificultad central del Gobierno es política. La administración de Milei depende de expectativas favorables para reunir apoyos parlamentarios, pero esas expectativas comenzaron a deteriorarse. La posibilidad de una reelección en 2027 ya forma parte de las dudas que atraviesan a la dirigencia

La caída de las expectativas también afecta la relación con los gobernadores. Diego Santilli recibió reclamos de mandatarios peronistas por compromisos financieros que, según ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo, no cumple. Una dificultad similar había enfrentado Guillermo Francos cuando intentó que Caputo participara directamente de las negociaciones provinciales

La demora en el envío de fondos complica proyectos como la eliminación de las PASO y la habilitación de colectoras para la próxima competencia electoral. Mientras esas iniciativas no avancen, el peronismo conserva las primarias como una herramienta para ordenar su interna

Recesión y tensión alrededor de Caputo

Milei ratificó a Caputo y afirmó que ambos tienen una visión económica común. El respaldo se produjo mientras crece el malestar interno por el desempeño de la economía y por las dificultades del ministro para negociar con las provincias y el Congreso

Las proyecciones privadas citadas en el análisis anticipan una contracción de 0,6% en el segundo trimestre y de 1,2% en el tercero. Si se cumplen, serían dos trimestres consecutivos de caída, una situación que los especialistas definen como recesión. Además, el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para la Argentina

Dentro del equipo económico existe una discusión reservada sobre la política cambiaria y monetaria. Algunos técnicos consideran que no deberían absorberse mediante bonos todos los pesos emitidos por el Banco Central para comprar dólares, con el objetivo de favorecer el consumo y la actividad

La posición dominante del Presidente dificulta que ese debate se desarrolle abiertamente. Al mismo tiempo, sectores cercanos a Karina Milei cuestionan que Caputo atribuya los problemas a la política cuando, según esa mirada, el origen estaría en su gestión

La tensión quedó expuesta cuando el economista Alberto Ades fue invitado a una reunión de Gabinete para presentar reparos a la política oficial. Caputo no asistió y se interpretó que podía haberse sentido desconsiderado

Milei rechazó esa versión y explicó que el ministro participaba de una reunión virtual con Kristalina Georgieva para analizar la situación argentina ante el FMI. Más tarde, Ades contó que le pidió disculpas a Caputo y que el ministro aceptó el gesto

La interna del Gobierno y el escenario electoral

Las diferencias entre Karina Milei, los primos Menem y Santiago Caputo agregan tensión a la interna oficialista. En ese clima también circuló la posibilidad de una fórmula presidencial integrada por Milei y Patricia Bullrich, con el objetivo de evitar una candidatura propia de la actual senadora que pudiera dividir el voto oficialista

Otra alternativa mencionada dentro del oficialismo es una fórmula que incluya a Martín Menem, aunque esa opción no contaría con el respaldo de todos los sectores. Las disputas internas complican la estrategia electoral y, en particular, el proyecto para eliminar las PASO

Si las primarias se mantienen, Sergio Massa podría competir con un espacio propio mientras Axel Kicillof define su posición. También resta conocer el papel que asumirá Cristina Fernández. La expresidenta observa el escenario brasileño y evalúa, según el análisis, si una eventual transferencia de votos hacia Máximo Kirchner podría replicar el esquema de liderazgo familiar en la provincia de Buenos Aires

La AGN suma presión sobre el oficialismo

La Auditoría General de la Nación, presidida por Juan Manuel Olmos, aprobó el balance del Banco Central, aunque incluyó observaciones sobre una pérdida de US$1.023 millones vinculada con instrumentos utilizados para cubrirse ante una eventual baja del precio del oro

El Banco Central sostiene que se trató del costo de un seguro financiero. La AGN, en cambio, plantea que la magnitud de la pérdida exige explicar cuánto se pagó por esa cobertura y bajo qué condiciones se realizó la operación

El dictamen representa un golpe político para el oficialismo porque constituye una de las primeras intervenciones del peronismo opositor con un cuestionamiento técnico sobre la administración del Banco Central

La privatización de AySA y nuevas dudas

La licitación para privatizar AySA también generó interrogantes. El consorcio está integrado por Walter Román, con una participación del 20%; la brasileña Equipav, con el 15%; Mauricio Filiberti, con el 10%; y PHX Aqua, con el 55%

PHX Aqua fue constituido un mes antes y pertenece a Phoenix Investment, cuyos directores son conocidos, aunque no se identifican públicamente sus propietarios finales. La composición del grupo abrió preguntas sobre la transparencia de la operación

Filiberti también es socio de Edenor y de José Luis Manzano, vinculado a Metrogas. Esa concentración de intereses en servicios públicos del conurbano bonaerense sumó otro elemento de tensión. El gobernador Axel Kicillof, que mantuvo una reunión con Manzano en Nueva York, no formuló objeciones públicas sobre el proceso

La sucesión de conflictos muestra un entramado en el que intervienen el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema. El Gobierno necesita sostener el Decreto 70, recomponer sus acuerdos parlamentarios y evitar que la desaceleración económica erosione todavía más sus apoyos

La cuestión de las tierras, en ese sentido, dejó de ser un asunto aislado. Se transformó en una señal de la fragilidad del oficialismo, de la disputa interna por el rumbo económico y de la creciente dificultad para ordenar el escenario electoral de 2027