LA PLATA. La detención de Albertina Mangini, funcionaria del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, abrió una discusión política e institucional que llegó hasta la gestión de Axel Kicillof. Aunque la mujer no dependía del Ministerio de Justicia provincial, el Gobierno bonaerense salió a despegarse de cualquier vínculo con su situación
Mangini quedó suspendida de manera preventiva mientras avanza un sumario en el área de Control Disciplinario y Enjuiciamiento del Ministerio Público. En paralelo, continúa la investigación penal en La Plata, donde se la analiza como presunta integrante de una estructura que habría captado personas vulnerables para obtener sus datos biométricos y abrir cuentas digitales a su nombre
Dos frentes abiertos
El expediente administrativo deberá definir si hubo incumplimientos funcionales y, de ser así, qué sanción corresponde. Como no se trata de una magistrada, no hace falta un jury para una eventual desvinculación; si se comprobara una condena penal por hechos incompatibles con su cargo, podría ser exonerada
La causa penal, en tanto, busca establecer cuál fue el rol concreto de Mangini, quiénes participaron de la presunta maniobra y qué destino tuvieron los fondos bajo investigación. Entre los movimientos analizados figuran cuentas abiertas en billeteras virtuales que registraron operaciones por $172.242.946,68 en cerca de un año
La respuesta política
Ante la repercusión del caso, el ministro de Justicia bonaerense, Martín Mena, sostuvo que la detenida no trabajó en el Patronato de Liberados ni integró el Poder Ejecutivo provincial. Según esa aclaración, Mangini era funcionaria judicial de la Procuración General bonaerense, con tareas vinculadas a la coordinación con esa repartición desde la Fiscalía General de La Plata
La funcionaria permanece detenida en una alcaldía de la capital bonaerense. Cuando sea llamada a indagatoria, la suspensión quedará confirmada y también se dispondrá el embargo de su sueldo