La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de las defensas y resolvió mantener abierta una investigación por presunto lavado de activos agravado y asociación ilícita vinculada con el BNP Paribas

La Sala IV también confirmó la actualización de los embargos dictada por el Tribunal Oral Federal 6. El monto total asciende a $303.000 millones, equivalente a casi US$200 millones

Los importes alcanzan aproximadamente $31.233 millones para Philippe Yves Henri Joannier y Christian Armand Augustin Abeillon; $24.987 millones para Christian Marie François Giraudon y Michel Michael Basciano; y $18.740 millones para un grupo integrado, entre otros, por Osvaldo Rodríguez, Elba Guibernau, Daniel Omar Mónaco, Fernando Gabriel Celaya y Luis Pablo Cremona

Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky consideraron que la actualización responde a la depreciación monetaria desde la fijación de los embargos, en noviembre de 2019. Según el fallo, no se modificaron los criterios utilizados para calcular las medidas

Las defensas habían cuestionado la actualización por considerar que los montos ya estaban firmes. También sostuvieron que los nuevos valores convertían los embargos en una pena anticipada y vulneraban la presunción de inocencia, la proporcionalidad y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable

El tribunal rechazó esos argumentos. Borinsky distinguió entre cambiar el método de cálculo y actualizar una suma para conservar su valor frente a la inflación. Hornos sostuvo que no se alteró el método, sino que se evitó la pérdida de valor de la garantía judicial

La defensa de Rodríguez, Guibernau y Mónaco había invocado la edad y el estado de salud de sus representados. También señaló que habían transcurrido diecinueve años desde el allanamiento que dio origen al expediente y que 21 de los 23 hechos investigados habían sido archivados o desestimados en otros juzgados

Respecto del plazo razonable, Borinsky indicó que las defensas toman como punto de partida el año 2009, aunque los embargos fueron dictados en 2016, junto con los procesamientos. Además, destacó la complejidad del caso, la cantidad de imputados y que el expediente ya se encuentra elevado a juicio

La investigación analiza presuntas maniobras realizadas entre 2000 y 2008 desde una oficina de banca privada en Buenos Aires que, según la acusación, no había sido informada al Banco Central. Allí se habrían captado y administrado fondos no declarados mediante sociedades extranjeras y cuentas radicadas en distintos centros financieros

Los investigadores llegaron al piso 25 del edificio ubicado en Alem 855 mientras rastreaban fondos relacionados con un fraude contra la administración pública. La denuncia formal fue presentada por el Banco Central en 2009

De acuerdo con la acusación, la estructura habría lavado unos US$1.000 millones y operado en 23 oportunidades para ocultar a los verdaderos titulares de los activos. Sin embargo, la base de cálculo judicial quedó fijada en US$33,3 millones, correspondientes a las operaciones concretamente imputadas

En 2016, la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de 14 ejecutivos del banco. Entre ellos se encuentran Joannier, quien dirigió la sucursal argentina hasta mayo de 2006; Giraudon, su sucesor hasta fines de 2008; Abeillon, director administrativo hasta 2006; y Basciano, quien lo reemplazó

Los pedidos para cerrar la causa por el paso del tiempo fueron rechazados en distintas instancias. La Cámara Federal desestimó la prescripción y la Corte Suprema hizo lo mismo frente a otro planteo presentado por uno de los procesados

El expediente todavía no tiene fecha de juicio. El fiscal ante Casación, Raúl Pleé, pidió que se ordene al tribunal oral avanzar con su realización

Además, permanece pendiente una definición de la Corte Suprema sobre los recursos extraordinarios presentados después de que la Cámara Federal de Casación revocara, en 2023, un acuerdo de reparación integral que podía haber cerrado el caso sin debate oral