El Gobierno formalizó este viernes los decretos 867 y 868, con los que puso en marcha las medidas anunciadas por Javier Milei en su cadena nacional sobre la cuestión Malvinas
Una de las decisiones introduce cambios en el Presupuesto bajo la modalidad de decreto de necesidad y urgencia. Con esa herramienta, el Poder Ejecutivo quedó habilitado a reasignar partidas para reforzar áreas consideradas estratégicas
Entre los recursos incrementados figura la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y también se asignaron fondos al Ministerio de Defensa, con el propósito declarado de mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, la modernización y la recuperación de medios y equipamiento
Más control sobre la actividad hidrocarburífera
La otra norma designa a la Cancillería como autoridad de aplicación de la ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y prohíbe operar sin habilitación oficial
Según el nuevo esquema, la centralización de esas facultades apunta a coordinar mejor las sanciones administrativas con la estrategia diplomática del país
Además, el Gobierno vinculó la medida con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Toda empresa o vehículo de proyecto que busque acceder a sus beneficios deberá presentar una declaración jurada en la que afirme que ni la firma ni sus accionistas participan ni participarán en actividades hidrocarburíferas ilícitas en las áreas cercanas a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur
El procedimiento también acelera los tiempos administrativos. Ante una presunta infracción, el acusado tendrá diez días hábiles para presentar su descargo
Y todos los organismos de la administración pública nacional deberán informar a la Cancillería cualquier hecho que pueda constituir una violación de la normativa en un plazo máximo de cinco días desde que tomen conocimiento