Lisboa, 4 sep

El ministro portugués de Administración Interna, Luís Neves, afronta una creciente presión judicial y política tras la confirmación de cinco investigaciones relacionadas con su etapa al frente de la Policía Judicial

Remolque incautado y obras en Odemira, bajo lupa

La Fiscalía detalló que hay tres procedimientos penales abiertos, una actuación en el Tribunal de Cuentas y otra pesquisa de carácter administrativo. Por ahora no se ha comunicado ninguna acusación formal contra el ministro

Dos de los expedientes penales fueron declarados urgentes y siguieron en trámite durante el receso judicial. Uno indaga el traslado de un remolque decomisado en una operación antidroga; el otro examina unas obras realizadas en una finca de Neves en Odemira, en el sur del país

En el primer caso, la investigación busca aclarar cómo un remolque intervenido por la Policía Judicial, con productos químicos usados para fabricar drogas, acabó en unas instalaciones vinculadas a un empresario cercano al ministro. Neves sostiene que autorizó el traslado para evitar costes elevados de destrucción y almacenamiento

Sobre ese episodio, el ministro ha negado que existiera beneficio para el empresario y afirma que la operación respondió a una decisión de gestión. Aun así, nuevas informaciones apuntaron después a correos internos que cuestionarían el presupuesto que él había citado

El foco también está en un coche y en contratos públicos

La segunda causa penal urgente se centra en las obras ejecutadas por la misma empresa en la propiedad de Neves en São Teotónio. La fiscalía investiga si hubo irregularidades en unos trabajos que, según se conoció, fueron encargados al mismo empresario que recibió adjudicaciones de la Policía Judicial por cerca de dos millones de euros durante el mandato del ministro

El ayuntamiento de Odemira indicó luego que no constaba licencia ni comunicación previa para esas intervenciones. Neves rechaza un trato de favor y asegura que las obras privadas se pagaron a precio de mercado

La tercera causa penal, tramitada también en Lisboa, revisa el uso por parte de Neves de un Volkswagen Golf intervenido a un narcotraficante y cedido después a la Policía Judicial. El ministro afirma que se trataba de un vehículo de servicio utilizado conforme a la ley

Presión en el Parlamento

A esas pesquisas se suman una averiguación en el Tribunal Administrativo y Fiscal de Beja, ligada igualmente a la finca de Odemira, y un procedimiento por infracción derivado de una auditoría de 2023 en el Tribunal de Cuentas. Además, la Inspección General de los Servicios de Justicia audita el funcionamiento de la Policía Judicial, con conclusiones previstas antes de fin de año

El fiscal general aseguró que los expedientes avanzan sin distinciones por el cargo de Neves y que la intención es cerrarlos cuanto antes. El ministro dice recibir con agrado todas las investigaciones que aclaren los hechos, mientras el primer ministro, Luís Montenegro, mantiene su apoyo y descarta pedirle la dimisión

La tensión política llegará al Parlamento, donde se debatirá una moción de censura contra el Gobierno impulsada por Chega. La iniciativa tiene pocas opciones de prosperar, aunque la oposición sigue exigiendo explicaciones y el propio partido ultraderechista también quiere promover una comisión de investigación sobre los ocho años de Neves al frente de la Policía Judicial

Neves, que dirigió ese cuerpo entre 2018 y febrero de 2026, rechaza renunciar y atribuye la ofensiva a una estrategia política para debilitarlo