CÓRDOBA.- La discusión por la nueva ley de biocombustibles sumó tensión en el sector del biodiésel. La cámara que reúne a las pymes regionales salió a reclamar un esquema específico de participación y advirtió que, si el proyecto avanza sin cambios, 25 plantas del interior podrían quedar en riesgo

Alerta por concentración

La entidad sostiene que la iniciativa en debate, que eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, favorecería una mayor concentración de la producción en torno al polo agroexportador del Gran Rosario

Según el comunicado, unas 10.000 fuentes de trabajo entre directas e indirectas dependen de esas plantas y el entramado del sector mueve cerca de US$1000 millones por año

Las pymes alcanzadas operan en La Pampa, San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. En conjunto, disponen de un cupo anualizado de 873.588 toneladas para abastecer el mercado interno, mientras que la producción pyme ronda las 900.000 toneladas al año

Una propuesta alternativa

La cámara aclaró que no rechaza ni un mayor corte ni la idea de una competencia más abierta. De hecho, planteó subir el porcentaje total al 12,5% y calcula que ese cambio generaría una demanda adicional de unas 600.000 toneladas anuales

Su propuesta divide ese 12,5% en tres tramos: 5% para las 17 plantas pymes regionales, 2,5% para ocho compañías no integradas y 5% para las grandes plantas aceiteras integradas

El objetivo, explicó, es que compitan empresas con condiciones parecidas y no actores con ventajas estructurales muy distintas

El peso de la ubicación

El principal argumento de las pymes es que producir en el interior no ofrece las mismas condiciones que hacerlo cerca del complejo aceitero-exportador. La cercanía a la molienda, el acceso al aceite, la infraestructura logística y la proximidad a los puertos marcan, dicen, una diferencia decisiva

Por eso piden que la nueva norma reconozca la regionalidad como un factor central. También objetan que la división entre empresas integradas y no integradas no alcanza para reflejar la realidad del negocio, ya que una firma puede no tener molienda propia y aun así operar dentro del mismo polo industrial

La discusión por las reglas

Otro punto de conflicto es la seguridad jurídica. La ley vigente fija un horizonte hasta 2030 y, según la cámara, las empresas invirtieron, tomaron personal y asumieron compromisos financieros bajo ese esquema

Para el sector, modificar esas reglas antes de tiempo introduce incertidumbre sobre proyectos industriales ya en marcha