El fiscal general de California, Rob Bonta, promovió una nueva acción judicial contra las prácticas de arresto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La presentación cuenta con el respaldo de autoridades de otros 20 estados y del Distrito de Columbia
El reclamo ante el tribunal federal
La coalición presentó un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia, en el caso Escobar-Molina v. DHS. El documento busca aportar argumentos para mantener una medida cautelar sobre los arrestos migratorios civiles realizados sin orden judicial
Según los fiscales, los agentes deben cumplir las condiciones previstas por la legislación federal antes de detener a una persona. También sostienen que las autoridades no evalúan de manera individual el posible riesgo de fuga
Qué condiciones establece la ley
La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite determinadas detenciones civiles sin una orden judicial previa. Para ello, deben existir motivos fundados para considerar que la persona permanece en Estados Unidos sin autorización legal y que podría escapar antes de obtenerse una orden
La coalición afirma que la falta de una evaluación individual excede las facultades otorgadas por el Congreso y plantea cuestiones vinculadas con la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las protecciones relacionadas con la actividad judicial
Bonta también cuestionó el uso de agentes enmascarados, ropa de civil, armas y vehículos sin identificación visible. Según el planteo, esas modalidades pueden dificultar el reconocimiento de los funcionarios, generar confusiones y facilitar que terceros se hagan pasar por integrantes del ICE
La presencia del ICE en los tribunales
Otra demanda impulsada por el fiscal general apunta a la presencia de agentes migratorios dentro de los tribunales estatales de California y en sus inmediaciones
Bonta sostuvo que esos operativos pueden desalentar a víctimas de delitos, testigos y sobrevivientes de violencia doméstica a presentarse ante la Justicia. En Los Ángeles, las llamadas de emergencia al Departamento de Policía local disminuyeron un 28% después de operativos del ICE, según los datos incluidos en la presentación judicial
La coalición relacionó esa caída con una menor disposición de la población a recurrir a las instituciones. También advirtió que el temor puede afectar investigaciones y provocar el desestimamiento de cargos penales
Consecuencias en escuelas, hospitales y empleos
Los documentos describen efectos en el ámbito educativo. Algunas familias evitan enviar a sus hijos a escuelas o guarderías por temor a que ellos o sus familiares sean detenidos durante los traslados. También se señaló un aumento de las necesidades de asistencia psicológica entre estudiantes afectados por la incertidumbre y el miedo a una separación familiar
En materia sanitaria, los fiscales advirtieron que algunas personas postergan consultas, cancelan turnos o dejan de acudir a centros de atención. Según la coalición, esa conducta puede dificultar la prevención y el tratamiento de enfermedades y afectar el funcionamiento de los servicios comunitarios
Los operativos también pueden reducir la asistencia de trabajadores a sus empleos y disminuir la cantidad de clientes en los comercios. Entre los sectores mencionados están la agricultura, la construcción, los restaurantes y el cuidado infantil
Las jurisdicciones que respaldan el reclamo
La coalición está encabezada por California, Colorado y el Distrito de Columbia. También participan Arizona, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington
La presentación busca que se mantengan las restricciones cautelares mientras continúa el litigio sobre las detenciones sin orden judicial. Los fiscales sostienen que las autoridades migratorias deben cumplir los requisitos legales antes de privar de libertad a una persona