La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) cuestionó la actuación del Gobierno nacional luego de la elección y posterior declinación de Carolina Soto Losada como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)

La organización sostuvo que la controversia habría significado una intromisión del Ejecutivo en una decisión que, según su criterio, correspondía de forma exclusiva a la junta directiva del gremio

Una designación que duró horas

La junta directiva de la CCI había anunciado el martes 25 de agosto la designación de Soto para reemplazar a María Consuelo Araújo, quien dejó la presidencia tras ser nombrada embajadora en Washington

Horas después, una vocera del Gobierno cuestionó públicamente el nombramiento y afirmó que la economista no tendría “cercanía alguna con el Gobierno”

Este miércoles 26 de agosto, Soto comunicó que no aceptaría el cargo. En una carta enviada a la junta, explicó: “Ante la oposición que generó mi nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, he decidido declinar el ofrecimiento”

En esa comunicación también señaló la necesidad de preservar la autonomía del sector privado y de mantener el respeto del Gobierno hacia las decisiones de las organizaciones privadas

FEDe. Colombia habla de un exceso

Tras la declinación, FEDe. Colombia emitió un pronunciamiento en el que calificó lo sucedido como una “injerencia injustificable” en las decisiones autónomas de una organización privada

La fundación afirmó que el Gobierno no debe intervenir en la elección de directivos de gremios ni exigir afinidad política a quienes los encabezan

También advirtió que el episodio deja un “grave precedente de desmesura y arbitrariedad”, al considerar que el poder público no puede condicionar decisiones adoptadas por entidades privadas dentro de su propio ámbito de competencia

Llamado a respetar límites institucionales

En su comunicado, la organización recordó que las competencias del Gobierno nacional están definidas por el marco institucional y no se extienden a la dirección de gremios, empresas, universidades u organizaciones de la sociedad civil

FEDe. Colombia insistió en que la relación entre el Estado y el sector privado debe darse mediante interlocución y respeto por la autonomía, no bajo subordinación

Finalmente, pidió al Ejecutivo respetar esos límites y la independencia de la sociedad civil