El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que una celadora de 67 años seguirá cobrando una incapacidad permanente total y no absoluta, pese al empeoramiento de su estado de salud desde que le fue reconocida la prestación en 2012

La mujer padece más de una docena de enfermedades crónicas, sufre caídas frecuentes, no controla esfínteres y lleva más de 20 años en tratamiento psiquiátrico. También ha sufrido fracturas derivadas de su inestabilidad al caminar

La clave: si puede hacer otros trabajos

La diferencia entre una incapacidad total y una absoluta es decisiva: la primera impide trabajar en la profesión habitual, mientras que la segunda inhabilita para cualquier ocupación. En este caso, los magistrados concluyen que aún puede desempeñar labores livianas o sedentarias

La resolución admite que su cuadro clínico ha empeorado con la aparición de una patología cervical y un síndrome de apneas e hipopneas del sueño de carácter moderado. Aun así, la Sala considera que la limitación funcional no alcanza el nivel necesario para reconocer la incapacidad absoluta

Un examen médico sin signos de invalidez total

En la exploración médica, la mujer presentaba buen estado general, marcha autónoma conservada, sin claudicación, y pruebas de equilibrio normales. Por ello, el tribunal entiende que no queda anulada su capacidad para cualquier trabajo retribuido

La prestación que seguirá percibiendo tiene una base reguladora de 382,45 euros mensuales

Un historial médico extenso

Su situación ya había sido valorada en 2012 por el Juzgado de lo Social de Santander, que le reconoció la incapacidad permanente total para su puesto de celadora. Desde entonces, su salud se ha deteriorado con varias fracturas y una alteración inmunológica que aumenta el riesgo de trombosis y obliga a extremar precauciones ante viajes largos, inmovilizaciones o intervenciones quirúrgicas

En 2023, el organismo competente descartó revisar el grado de invalidez. La afectada recurrió a los tribunales para intentar que se le reconociera la incapacidad absoluta

El recurso, desestimado

Su recurso se apoyó en dos argumentos: la actualización del cuadro clínico y la supuesta infracción jurídica. Entre las dolencias que pretendía incorporar figuraban estenosis significativa de canal central, rotura de ambos manguitos rotadores, síndrome del túnel del tarso bilateral, trastorno ansioso-depresivo en seguimiento psiquiátrico desde hace más de dos décadas e incontinencia urinaria y fecal

La Sala rechazó ambos planteamientos. Consideró que no podía acumular patologías diagnosticadas en distintas anualidades sin acreditar su situación actual y su impacto funcional en la fecha correspondiente

También recordó que para pasar de una incapacidad total a una absoluta no basta con acreditar un agravamiento, sino que ese empeoramiento debe eliminar por completo la capacidad laboral, incluso para tareas sedentarias