El Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado la presión sobre sus socios en la Unión Europea al condicionar su apoyo a futuras ampliaciones del bloque al reconocimiento previo del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales

Bruselas, ante un pulso que vuelve a escena

La posición española se abordará el 22 de septiembre en el próximo Consejo de Asuntos Generales, después de que Madrid pidiera incluir en el orden del día el debate sobre lenguas oficiales y ampliación. Será la primera vez desde julio de 2025 que la cuestión regrese a esa mesa

El departamento de Exteriores sostiene que España no puede aceptar la incorporación de nuevos idiomas oficiales ligados a futuras adhesiones si antes no se aprueba la oficialidad de las tres lenguas cooficiales

Un expediente bloqueado desde 2023

España presentó en agosto de 2023 la petición para que catalán, euskera y gallego pasaran a ser lenguas oficiales de la UE. La iniciativa nació del acuerdo con Junts para sumar apoyo a la nueva legislatura

La medida exige unanimidad entre los Veintisiete, un consenso que hasta ahora no se ha logrado. Ante la falta de apoyos suficientes, el Gobierno evitó forzar una votación que podía terminar en un rechazo formal

José Manuel Albares ha defendido en distintas ocasiones que la oficialidad acabará llegando y que solo es cuestión de tiempo

La ampliación entra en la ecuación

Fernando Sampedro, secretario de Estado para la UE, ya dejó entrever esta semana que la ampliación podría quedar vinculada a ese debate. A la vez, Exteriores insiste en que España apoya el proceso de ampliación y considera que el reconocimiento de nuevas lenguas oficiales está ligado al sentimiento de pertenencia de la ciudadanía europea

El Gobierno quiere además trasladar a sus socios que la entrada de nuevos países supondría sumar más idiomas a las 24 lenguas oficiales que ya reconoce la Unión

Coste, reservas y una salida parcial

La propuesta sigue chocando con reticencias jurídicas y con el temor de varios Estados a que este caso abra la puerta a reclamaciones similares de otras lenguas minoritarias. En julio de 2025, una decena de socios se desmarcó de la iniciativa, con Alemania al frente, y el Ministerio de Exteriores alemán mantuvo después sus dudas

Para responder a esas objeciones, España ha ofrecido asumir el coste adicional de la medida, que la Comisión Europea cifra en torno a 132 millones de euros al año tomando como referencia el gaélico. También ha planteado una aplicación parcial una vez reconocida la oficialidad

Ese plan prevé que catalán, euskera y gallego tengan un estatus parcial a partir de 2027. En la primera fase solo se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, equivalentes al 3% del total de actos jurídicos de la legislatura anterior