Un juez mexicano cerró el proceso contra Francisco Garduño, exdirector del Instituto Nacional de Migración, por delitos relacionados con el incendio ocurrido en 2023 en un centro de detención de Ciudad Juárez. El siniestro dejó 40 migrantes muertos y 30 heridos

El incendio fue el episodio más letal registrado en un centro migratorio de México y expuso deficiencias en las instalaciones, así como irregularidades en el trato a las personas detenidas

Garduño enfrentaba cargos por abuso del servicio público y omisión del deber, después de que las cámaras de seguridad mostraran que los guardias se alejaron mientras las personas encerradas pedían ayuda, sin intentar abrir las puertas

Las víctimas apelarán la decisión

El juez determinó que se habían cumplido las medidas ordenadas para reparar los daños. Las víctimas rechazaron la resolución y anunciaron que la impugnarán

El abogado Miguel Zenteno señaló que la decisión todavía no es definitiva. Además de la apelación, está pendiente otro recurso contra las reparaciones fijadas por el juez, debido a que no cumplirían con los estándares exigidos para un caso de esta gravedad

La resolución había sido cuestionada por la Fundación para la Justicia, una de las organizaciones que representan a algunas de las víctimas. La entidad sostuvo que el cierre del proceso equivale en los hechos a una exoneración y que niega a las familias una reparación integral y garantías concretas para evitar que un episodio similar vuelva a ocurrir

Un dormitorio cerrado y lleno de humo

El 27 de marzo de 2023, unos 70 hombres permanecían en un dormitorio cerrado, sin ventilación y con muy poca agua, en el centro migratorio ubicado en Ciudad Juárez, cerca de la frontera con El Paso, Texas

Al anochecer, un grupo reducido prendió fuego a unos colchones en señal de protesta. En cuestión de segundos, el humo cubrió el área. Las cámaras registraron que los guardias se retiraron pese a los pedidos de auxilio y no abrieron las rejas

Las mujeres, alojadas en otra celda, fueron las únicas liberadas. La mayoría de las víctimas eran originarias de Centroamérica y Venezuela

Reparaciones cuestionadas

Antes de cerrar el caso, el juez había ordenado compensar a las familias, brindar atención médica especializada gratuita, emitir una disculpa pública, capacitar al personal migratorio en derechos humanos y establecer garantías para impedir la repetición de hechos similares

Zenteno reconoció que las medidas se aplicaron, pero de forma parcial. Según explicó, las indemnizaciones no fueron pagadas por Garduño, como establecía el proceso, sino por el Instituto Nacional de Migración, y no cubrieron completamente los daños sufridos por las familias

Las víctimas tampoco fueron informadas sobre cómo acceder a la atención médica gratuita. Además, consideraron que la disculpa pública fue una formalidad sin contenido sustantivo

Garduño, antiguo funcionario penitenciario, dirigió el Instituto Nacional de Migración desde 2019 hasta 2025. Actualmente trabaja en la Secretaría de Educación

Otro exdirector del instituto fue acusado por los mismos delitos. También enfrentan cargos por homicidio y lesiones seis personas, entre ellas agentes migratorios, un militar, un guardia de seguridad privada y dos migrantes señalados como quienes iniciaron el fuego. La mayoría de los funcionarios permanece en libertad mientras espera el juicio