El Gobierno declaró por 60 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para enfrentar el aumento de la criminalidad y otras formas de violencia

La medida quedó formalizada mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM y establece que la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, según las normas vigentes sobre empleo de la fuerza

Restricciones y control de actividades

El régimen excepcional permite restringir o suspender derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, dentro de los alcances previstos en la Constitución

Las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público deberán contar con autorización previa. Las que no tengan esa condición podrán realizarse sin permiso antes de su desarrollo

Intervención basada en inteligencia

La Policía Nacional definirá las zonas prioritarias de acción con apoyo de información especializada, estadísticas, mapas del delito y otros insumos para concentrar recursos en los sectores más críticos

Para esa tarea se creará el Comando de Coordinación Operativa Unificada, encabezado por el comandante general de la Policía e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, inteligencia, gobiernos locales, Ministerio Público, Poder Judicial y otras entidades vinculadas a la lucha contra el delito

El esquema incluye comités de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, además del uso de registros policiales, penitenciarios y financieros, videovigilancia, drones, tecnología satelital e inteligencia predictiva

Operativos, penales y vigilancia institucional

Entre las acciones previstas figuran patrullajes permanentes, controles de identidad, operativos contra armas y explosivos ilegales, recuperación de espacios públicos y fiscalización de establecimientos comerciales

También se priorizarán mercados asociados a trata de personas, tráfico de drogas, comercio ilegal de armas, venta irregular de chips telefónicos y autopartes de procedencia ilícita

En los penales, el decreto contempla el apagón eléctrico en las celdas, con excepción de la iluminación necesaria, y el desmontaje y destrucción de antenas instaladas de manera ilegal

Además, se buscará reforzar la respuesta del Ministerio Público y del Poder Judicial en casos vinculados con estructuras criminales, con medidas de protección para fiscales y jueces. Al cierre del plazo, el comando unificado deberá presentar un informe con resultados y recomendaciones