Un juez federal en Texas anuló una norma de la década de 1930 que regulaba los supresores de armas y algunas de las armas consideradas más peligrosas, en un fallo que podría reconfigurar el control federal sobre esos dispositivos

La decisión llega más de un año después de que el presidente Donald Trump firmara una ley que eliminó el impuesto de 200 dólares sobre esos elementos. Según el magistrado James Hendrix, si ya no existe ese tributo, tampoco se sostiene la base legal que justificaba la regulación asociada

Qué cambia con el fallo

El pronunciamiento podría permitir la compra de supresores, conocidos como silenciadores, además de rifles y escopetas de cañón corto, sin el registro que hasta ahora exigía la ley federal. También quitaría una capa adicional de revisión administrativa que acompañaba ese trámite

La norma afectada forma parte de la National Firearms Act, vigente desde 1934, creada en respuesta a la violencia de las mafias y pensada para establecer diferencias y controles sobre armas consideradas especialmente peligrosas

Reacciones enfrentadas

Organizaciones favorables a las restricciones criticaron la resolución y sostuvieron que la ley seguía aportando protecciones de seguridad importantes. En cambio, grupos defensores del derecho a portar armas celebraron el fallo y buscarán usarlo como antecedente en otras cortes del país

Hendrix escribió que las disposiciones impugnadas ya no pueden justificarse bajo el poder tributario del Congreso. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, encargada de aplicar estas reglas, no respondió de inmediato a una consulta sobre la decisión

Un sistema con millones de registros

En junio, el número de supresores de armas registrados en Estados Unidos superaba los 6,4 millones, según cifras de la agencia federal. Aunque el registro quedaba en el centro del debate, los controles de antecedentes seguirían siendo exigibles bajo la ley federal general

Para las organizaciones que impulsan mayores límites al acceso a las armas, el fallo representa un retroceso en materia de seguridad pública. Para sus defensores, en cambio, abre el camino para una disputa que podría terminar ante la Corte Suprema