El costo de formalizar

La discusión sobre la desregulación inmobiliaria ya no pasa solo por definir quién puede ejercer el corretaje en la Argentina. También exige revisar qué resultados dejó un esquema que, durante años, concentró el control de la actividad en instituciones respaldadas por la ley

La premisa de fondo es conocida: la intermediación inmobiliaria es una actividad comercial; la matrícula obligatoria funciona como una barrera de acceso; los títulos no aseguran ética ni excelencia; y los colegios deberían competir como entidades voluntarias. Pero hay un problema más profundo: en muchos casos, trabajar dentro de la legalidad parece más caro que operar por fuera

Más visibilidad, más cargas

Facturar, declarar ingresos y registrar operaciones reales debería ser la vía más simple en un mercado sano. Sin embargo, en el sector inmobiliario argentino, cada movimiento formal puede implicar matrículas, cuotas colegiales, aportes previsionales, bonos, inspecciones y otras cargas superpuestas que no siempre agregan valor a la transacción

Esos costos no desaparecen. Terminan trasladándose a propietarios, compradores e inquilinos mediante comisiones más altas, menos competencia y más informalidad. Cuando decir la verdad resulta más caro que ocultarla, el problema deja de ser solo ético y pasa a ser institucional

La estructura detrás del discurso

La presión sobre la registración de las operaciones, sumada al entramado de colegios y cajas previsionales obligatorias, ayuda a explicar por qué muchas comisiones, valores reales y transacciones quedan parcialmente fuera de los registros oficiales

La llamada profesionalización, vista de cerca, se parece más a una aduana de ingreso sostenida por títulos y matrículas, a un sistema de permanencia financiado con cuotas y sanciones, y en algunos casos a una barrera de salida administrada por las mismas instituciones que se benefician del circuito

La pregunta por los datos

La discusión ya no debería limitarse a cuántas matrículas se entregan o cuántos expedientes disciplinarios se tramitan. La cuestión central es otra: cuánto recaudan los colegios y las cajas inmobiliarias, cuántas comisiones se facturan, cuántos comprobantes se emiten y qué relación existe entre los matriculados y el volumen real de transacciones

También quedó bajo la lupa la afirmación de que el 98% de las operaciones pasa por martilleros matriculados en colegios inmobiliarios. Si ese dato fuera cierto, debería existir una huella fiscal acorde con el tamaño del mercado

Por eso se presentó un pedido formal de acceso a la información pública para conocer la cantidad de contribuyentes, el nivel de facturación y el volumen de comprobantes vinculados con la actividad identificada bajo el código 682091

Seguridad jurídica bajo examen

La respuesta oficial, cuando llegue, tendrá que contrastarse con el discurso institucional de esas organizaciones. No se trata de señalar a quienes trabajan dentro del sistema, sino de verificar con datos si décadas de matrícula obligatoria, vigilancia colegial y previsión compulsiva produjeron el resultado prometido

Si los registros muestran una actividad compatible con el tamaño del mercado, habrá una base objetiva para discutir la obligatoriedad. Si revelan una huella fiscal mucho menor, solo quedarán dos hipótesis: o el 98% era una construcción propagandística, o el sistema controla casi todo pero fracasó en formalizarlo

Formalidad sin coerción

La formalidad no se construye multiplicando permisos, cuotas, cajas ni mecanismos de extracción. Se logra reduciendo el costo de cumplir y haciendo más conveniente operar dentro del sistema que escapar de él

Desregular no significa eliminar controles. Significa terminar con el monopolio del control en manos de instituciones corporativas, reemplazar la matrícula compulsiva por certificaciones voluntarias, los tribunales disciplinarios sectoriales por la Justicia ordinaria y el privilegio institucional por competencia abierta

La defensa del consumidor depende de contratos claros, información verificable, seguros de responsabilidad, trazabilidad, sanciones por daños reales y acceso eficiente a la Justicia. La desregulación inmobiliaria no busca destruir la formalidad. Busca hacerla posible

Cuando cumplir se vuelve una desventaja económica, la opacidad deja de ser una anomalía y pasa a ser el resultado natural del sistema. Ahí empieza la verdadera inseguridad antijurídica