Una ley de expropiación aprobada por la Legislatura bonaerense en diciembre de 2020 quedó en el centro de una investigación judicial por la información falsa con la que fue presentada y por la falta de controles durante su tratamiento
El inmueble estaba ubicado en Pilar, junto a la Panamericana. Tenía una construcción de aproximadamente 26.000 metros cuadrados, cocheras en un edificio de cinco pisos y una valuación superior a los 20 millones de dólares. Sin embargo, el proyecto legislativo lo describió como una parcela rural con una pequeña edificación de 40 metros cuadrados y un valor de 580.000 pesos
La iniciativa había sido presentada por el entonces diputado Jorge D’Onofrio. El predio formaba parte de un proyecto público-privado para crear un Centro de Transferencia de Pasajeros, con conexión ferroviaria y de colectivos hacia la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta legislativa planteó, en cambio, construir allí una ciudad judicial
El proyecto fue enviado a cuatro comisiones, pero ninguna lo trató. Durante la última sesión de 2020, realizada de manera remota cerca de Navidad, se incorporó sobre tablas, aunque no figuraba en el orden del día. La Cámara de Diputados aprobó el expediente en alrededor de un minuto y el Senado siguió un procedimiento similar. Así se sancionó la Ley 15.239
La empresa propietaria recurrió a la Justicia. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, que investigó si D’Onofrio había actuado deliberadamente para ocultar el valor, las características y el destino del inmueble
El juez Alberto Osvaldo Recondo lo procesó y sostuvo que la presentación había buscado mostrar como terreno rural un predio de alto valor involucrado en un proyecto inmobiliario y de transporte
La investigación también examinó el modo en que se votó la ley. El expediente judicial señaló que las votaciones fueron anunciadas rápidamente y que no quedó un registro de los legisladores que integraron la mayoría. Un funcionario de la Cámara baja declaró, además, que el articulado completo de los proyectos no se lee necesariamente y que en este caso tampoco fue leído
El fallo no atribuyó una maniobra concreta a cada diputado que votó la iniciativa, pero cuestionó la falta de diligencia para verificar la información. Según la resolución, una medida excepcional como declarar la utilidad pública de un inmueble y someterlo a expropiación exige análisis, debate y atención especial al derecho constitucional de propiedad
La expropiación no se ejecutó. La sanción de la ley era solo el primer paso del procedimiento y el juicio expropiatorio quedó interrumpido por la impugnación judicial y la resolución del juzgado
El caso dejó expuesta una cadena de fallas: información no verificada, ausencia de tratamiento en comisiones, incorporación imprevista al debate y una votación sin identificación clara de sus responsables. El fallo planteó que ese mecanismo puede afectar derechos individuales y debilitar el control democrático sobre decisiones legislativas de alto impacto