Una delegación de la Cancillería argentina prepara una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para cuestionar las actividades petroleras que se desarrollan en aguas próximas a las Islas Malvinas

El reclamo estará a cargo de Mario Oyarzábal, director de la consejería legal internacional. La iniciativa apunta contra la explotación asociada al proyecto Sea Lion, en la que participan la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas

El planteo argentino y la respuesta británica

El Gobierno había dado al Reino Unido un plazo de dos semanas para detener las operaciones. Como Londres rechazó el pedido, la Cancillería avanzará con la presentación ante el tribunal, integrado por 21 miembros y creado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

La estrategia oficial busca que el organismo evalúe si el reclamo argentino puede ser tratado bajo esa convención, sin pronunciarse directamente sobre la soberanía de las islas. La Argentina sostiene que tiene derecho a recurrir a una instancia judicial independiente para discutir la legalidad de las actividades marítimas

El canciller Pablo Quirno defendió esa posición durante una cena del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Según explicó, si el Reino Unido considera que sus operaciones respetan el derecho internacional, puede demostrarlo ante un tribunal compuesto por jueces independientes

El Gobierno confía en obtener una medida provisoria que suspenda las tareas de las empresas, aunque reconoce que los procesos ante ese organismo pueden extenderse durante varios años. Como antecedente, la Cancillería menciona el fallo favorable obtenido en 2012, que permitió recuperar la fragata Libertad retenida en Ghana

Frida Armas Pfirter, jurista argentina recientemente elegida vicepresidenta del tribunal, no intervendría en el expediente debido a la posibilidad de que deba apartarse

Advertencias por el alcance del reclamo

Diplomáticos con experiencia en la cuestión Malvinas consideran riesgoso acudir a una instancia internacional. Durante años, distintos gobiernos evitaron esa vía por temor a que un fallo desfavorable fortaleciera la posición de los isleños para avanzar en la explotación de recursos

Entre los escenarios mencionados figuran una eventual intervención de la Corte Internacional de Justicia y reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, especialmente si se solicitan sanciones contra empresas. El resultado de cualquiera de esas alternativas sería incierto para la Argentina

Los especialistas también advierten que el argumento británico basado en la autodeterminación de los habitantes de las islas podría tener peso en una eventual discusión internacional. Además, señalan que el tribunal suele procurar un equilibrio entre las partes, por lo que no está claro que adopte una decisión favorable a Buenos Aires

El endurecimiento de la estrategia oficial

El Gobierno reforzó su política sobre Malvinas durante los últimos meses. Entre las medidas anunciadas se encuentran un proyecto para aumentar las sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos, la creación de una base naval integrada en Ushuaia y el establecimiento de un Consejo de Seguridad Nacional

El 28 de septiembre, el presidente Javier Milei formalizó la intimación al Reino Unido y anticipó que Argentina recurriría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si no se detenían las operaciones petroleras

El Gobierno británico rechazó el ultimátum y afirmó que continuará defendiendo la autonomía de los habitantes de las islas. También cuestionó cualquier intento de frenar actividades económicas que considera legales y sostuvo que la Argentina estaba adoptando una postura poco confiable

Los isleños comparten esa interpretación. Su posición sostiene que cualquier reclamo debería limitarse a cuestiones reguladas por la Convención del Derecho del Mar y no podría implicar un pronunciamiento, directo o indirecto, sobre la soberanía

Mientras persisten las advertencias sobre los riesgos jurídicos y diplomáticos, la Cancillería ultima los detalles para concretar la presentación en las próximas horas