La Cámara de Diputados bonaerense archivó en secreto los expedientes administrativos abiertos tras el escándalo protagonizado por Julio “Chocolate” Rigau. Con esa decisión, la Legislatura no entregará a la Fiscalía la documentación que podría revelar qué legisladores designaron a los empleados cuyas tarjetas de débito fueron utilizadas para retirar sus salarios

El pedido de información había sido presentado en abril de 2025 por la fiscal Betina Lacki. Luego de varias postergaciones, el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio ordenó la presentación de los documentos, una medida previa a un eventual allanamiento

Sin embargo, el secretario legislativo de la Cámara de Diputados, Gerardo Bozzano, comunicó que los papeles no serían entregados porque formaban parte de un proyecto de resolución general que ya había sido archivado

Una resolución aprobada sin debate

El archivo de las actuaciones se votó el 28 de mayo, durante la primera sesión ordinaria del año. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, propuso validar lo actuado por la mesa ejecutiva de la Cámara

La medida se aprobó sobre tablas, sin debate y sin registrar quiénes votaron. En el mismo trámite fueron resueltas casi 8000 actuaciones administrativas. El expediente relacionado con Rigau quedó incluido en ese conjunto

La Legislatura sostuvo que la decisión contó con el respaldo de más de dos tercios de los diputados presentes y que expresó la voluntad institucional del cuerpo. Cristian Castillo, legislador del Frente de Izquierda, fue el único que manifestó su rechazo

En el recinto estaban representantes de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica

El origen del escándalo

El caso comenzó el 13 de septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido mientras extraía dinero de un cajero del Banco Provincia con 48 tarjetas de débito que pertenecían a otras personas

La investigación estableció que trabajaba para Claudio Albini, entonces subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense. También quedaron involucrados el hijo de Albini, Facundo, y empleados legislativos acusados de entregar sus tarjetas para que Rigau retirara los fondos

La decisión de la Cámara se suma a otros episodios de falta de colaboración del Poder Legislativo provincial. El Senado bonaerense nunca trató el pedido de desafuero de la entonces senadora Flavia Delmonte, acusada de desviar fondos públicos mediante asesores que no cumplían funciones reales

La situación de los acusados

En la causa judicial, Antonio Rodríguez había aceptado una pena de tres años de prisión en suspenso mediante un juicio abreviado. Sin embargo, posteriormente rechazó el acuerdo porque incluía la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos

Rodríguez, empleado del Poder Legislativo provincial y pareja de una concejal de La Libertad Avanza en Berisso, era el único de los 46 acusados que había aceptado la propuesta de la fiscal Viviana Arturi. Su decisión buscaba evitar una posible condena mayor en un juicio oral

Los acusados sostienen que no irán a prisión. Albini, su hijo Facundo y Rigau cumplen arresto domiciliario y conservarían ese régimen incluso ante una eventual condena efectiva. Los empleados que entregaron sus tarjetas tampoco afrontarían, en principio, una pena de cumplimiento en una cárcel

La fiscalía considera que los Albini y Rigau deben responder por una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado bonaerense. Para los empleados legislativos, en cambio, plantea una responsabilidad vinculada con la defraudación, pero no necesariamente por asociación ilícita

Según la acusación, el mecanismo no fue un episodio aislado, sino una estructura sostenida durante el tiempo y favorecida por controles administrativos insuficientes. El archivo reservado de los expedientes representa un nuevo obstáculo para determinar cómo funcionaba esa organización