El mensaje de Javier Milei por cadena nacional sobre las Islas Malvinas volvió a poner en foco una norma sancionada hace 15 años para frenar la explotación de hidrocarburos en áreas que la Argentina reclama como parte de su plataforma continental

Se trata de la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas, aprobada el 16 de marzo de 2011 durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La norma exige autorización de las autoridades argentinas para cualquier actividad de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina

Qué prohíbe la ley

El texto establece que no pueden desarrollar esas tareas ni personas ni empresas, argentinas o extranjeras, sin la habilitación correspondiente. También alcanza a quienes participen de manera directa o indirecta en compañías involucradas en esas operaciones

Además, impide contratar servicios asociados a esas actividades, incluidos los de tipo comercial, financiero, logístico, técnico, de consultoría o asesoría

Las sanciones previstas

Quienes incumplan la norma pueden ser inhabilitados por entre cinco y 20 años. Si tienen concesiones hidrocarburíferas, esas habilitaciones pueden revertirse al Estado nacional o a las provincias, según corresponda

La ley también prevé que dejen de regir beneficios impositivos o previsionales que hubieran sido otorgados. Y alcanza al propio sector público, ya que la Nación, las provincias y los municipios no pueden contratar a empresas o personas que operen sin autorización en la plataforma continental

El refuerzo penal de 2013

Dos años después, el Congreso endureció el régimen con la Ley 26.915. Esa reforma incorporó penas de prisión para determinadas conductas vinculadas con la búsqueda, extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización

Desde entonces, explorar el lecho o el subsuelo del mar territorial o de la Plataforma Continental Argentina sin permiso puede derivar en penas de cinco a diez años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos obtenidos sin autorización, la escala sube de diez a 15 años

La condena también puede incluir multas, inhabilitación comercial, decomiso de equipos y materiales, y la extinción de permisos y concesiones vinculados con esas actividades