La compra del departamento del primer piso de San José 1111, atribuida a la sindicalista María Soledad Calle, derivó en una nueva movida judicial. La defensa de dos gremialistas que promovieron la intervención de la UOM pidió allanar la propiedad y analizar si el dinero utilizado podría estar vinculado con una presunta defraudación en el gremio metalúrgico
El pedido ante Ercolini
La presentación fue dirigida al juez federal Julián Ercolini, a cargo de una causa en la que se investiga a Calle y al extitular de la UOM, Abel Furlán, por administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita
El planteo solicita avanzar sobre el origen de los fondos empleados para la compra del inmueble y evaluar si parte de ese dinero pudo haber salido de maniobras bajo investigación
El contrato bajo la lupa
En el expediente se analiza un acuerdo firmado en febrero de 2023 que le otorgó a la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), donde Calle es vicepresidenta, la administración de una parte de los fondos de la UOM
Desde entonces, la firma recibió el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores del gremio, un esquema que habría generado una ganancia cercana a los $100 millones por mes
Otro dato que llamó la atención en la causa es que, al momento de ese contrato, Calle ya figuraba como empleada de la UOM y además representaba al sindicato ante organismos internacionales
Patrimonio en alza
Tras ese acuerdo, la evolución patrimonial de Calle quedó bajo observación. Según documentación oficial incorporada al caso, el 8 de agosto de 2025 adquirió el 50% de un BMW M135 X Drive, valuado en US$ 70.000
Doce días después, el 20 de agosto, concretó la compra del departamento de San José 1111. El informe de dominio presentado en el expediente indica que la operación se registró en US$ 189.000
La funcionaria judicial había solicitado documentación a distintos organismos y también incorporó libros contables y registros bancarios con movimientos de los últimos dos años
La respuesta de Calle
Consultada por esta situación, Calle negó haber realizado la compra y rechazó tener los cargos que se le atribuyen. Sostuvo que se trata de una disputa sindical y de poder. Sin embargo, la operación inmobiliaria aparece acreditada en la documentación oficial, al igual que su vínculo laboral con el gremio y su rol en USEM
El caso sigue abierto y suma ahora un capítulo centrado en el origen de los fondos y en el patrimonio de la sindicalista