CÓRDOBA. Los gobernadores buscan precisiones sobre los fondos que recibirán en 2027, los mecanismos de distribución y las partidas que quedarán garantizadas por ley o sujetas a decisiones del Poder Ejecutivo
La negociación combina el proyecto de presupuesto con la reforma electoral, cuyo eje es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La mayoría de los mandatarios provinciales se reunirá el 16 de octubre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en una cumbre de logística que también podría servir para coordinar una posición común
En el Congreso, el oficialismo todavía no reúne los votos necesarios para eliminar las PASO, aunque sí contaría con respaldo para suspenderlas. Diego Santilli mantiene reuniones con distintos sectores para ampliar los apoyos. En paralelo, los gobernadores dialoguistas buscan conocer el papel que tendrá La Libertad Avanza en sus distritos de cara a las elecciones de 2027
Reclamos por discapacidad y asignaciones sociales
La discusión presupuestaria comenzó con tensión por los artículos vinculados con las prestaciones para personas con discapacidad. Los gobernadores presionaron para retirar esas disposiciones y el Gobierno modificó también su posición sobre la ley de Discapacidad
El oficialismo eliminó del proyecto presupuestario las medidas destinadas a ese sector, pero mantuvo los artículos centrales de la prórroga de la emergencia. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en Diputados, aunque persisten las dudas entre las provincias
Otro punto de conflicto es la intención de eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares de la Anses
La Ley 27.160 vincula desde 2015 la movilidad de esas prestaciones con el índice de precios. Si el presupuesto se aprueba sin cambios, las futuras mejoras quedarían sujetas a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo
El financiamiento universitario también forma parte de los reclamos. Los gobernadores lo consideran un tema de impacto social y buscan evitar que sus bloques queden asociados a un rechazo. El tucumano Osvaldo Jaldo pidió revisar esas partidas y adecuarlas a las necesidades planteadas por los rectores a través del Consejo Interuniversitario Nacional
Fondos automáticos y recursos bajo decisión del Tesoro
El CFI funciona como un espacio histórico de coordinación entre las provincias. Allí se impulsaron el año pasado proyectos consensuados para modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles
Entre los aspectos que generan preocupación figura el esquema de transferencias. Las partidas automáticas para las provincias crecerían 7,5% en términos reales, mientras que las transferencias de capital caerían 20%
El proyecto contempla $1,9 billones para el Fondo de ATN, constituido con recursos de la coparticipación, pero no fija un mecanismo de distribución automática. Esa definición es uno de los reclamos que los gobernadores sostienen desde hace años
Obra pública y presión sobre la recaudación provincial
La infraestructura es otro frente de disputa. Las provincias cuestionan que el proyecto reduzca la participación de la inversión nacional, prácticamente paralizada desde 2023, mientras los gobiernos locales deben asumir una parte creciente de las obras
Entre enero y julio de 2026, las transferencias de capital a los estados subnacionales sumaron aproximadamente $0,5 billones, una caída real del 52% respecto del mismo período de 2025
La iniciativa también condiciona los beneficios fiscales para obras y concesiones viales a que las provincias eliminen los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos. Cada gobernador deberá evaluar si resigna recursos propios a cambio de infraestructura, en un contexto en el que Ingresos Brutos representa la principal fuente de recaudación provincial
Mediante convenios con 21 provincias y nueve municipios bonaerenses, la Nación transfirió obras cuya ejecución y mantenimiento quedan a cargo de las jurisdicciones beneficiarias
El proyecto además habilita financiamiento y avales del Tesoro para algunas provincias. No se trata de transferencias directas, sino de instrumentos que pueden facilitar el acceso al crédito, como ocurre con determinados préstamos en mercados asiáticos
Una obra vial como ejemplo del reclamo provincial
En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora habilitó un tramo de 7,1 kilómetros que conecta las rutas Provincial 4 y Nacional 9, en Villa María. La obra requirió una inversión de $15.690 millones y permitirá desviar más de 3.300 camiones diarios de las zonas urbanas
Llaryora reclamó que los recursos provenientes de las retenciones regresen al interior productivo en forma de infraestructura. Según planteó, ese tipo de obras debería ser financiado por la Nación
El financiamiento de las cajas previsionales
La discusión también alcanza a las 13 cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la Nación. El presupuesto asigna $503.325 millones para cubrir el déficit de esos sistemas, una suba real interanual de apenas 1,8% frente a este año
Para los gobernadores que ya firmaron convenios, el monto resulta insuficiente para sostener las prórrogas. La discusión no abarca a todas las jurisdicciones: Córdoba, Santa Fe, Chubut, La Pampa, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Neuquén y Corrientes ya tienen acuerdos en marcha