El Gobierno autorizó la venta de las participaciones que Energía Argentina (Enarsa) posee en tres centrales termoeléctricas y calcula que la operación podría generar ingresos superiores a los US$800 millones

La medida quedó establecida en el decreto 1107/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. El proceso contempla las centrales Manuel Belgrano, ubicada en Campana, y José de San Martín, situada en Timbúes, Santa Fe. También habilita el camino para vender la participación estatal en Guillermo Brown

Qué activos se licitarán

Enarsa controla el 65,01% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín. Ambas plantas tienen turbinas Siemens, una capacidad de 823 MW y 865 MW, respectivamente, y aportan en conjunto cerca del 10% de la demanda eléctrica argentina

La venta se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional, con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. El decreto no incluye un programa de propiedad participada para los trabajadores

La central Guillermo Brown tendrá un cronograma diferente. Su fideicomiso vence el 30 de septiembre y, una vez finalizado ese esquema, Enarsa podrá suscribir las acciones que le corresponden, equivalentes a no menos del 70% del capital, para luego ofrecerlas en licitación

El origen del esquema estatal

Las centrales de Campana y Timbúes surgieron en 2004, durante la crisis energética, a partir de un mecanismo impulsado por el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido

El Estado creó el Foninvemem, un fondo que destinó las acreencias de las empresas generadoras en el mercado mayorista a la construcción de dos centrales de ciclo combinado. Las compañías recibieron participaciones minoritarias, mientras que el Estado quedó con la mayoría accionaria

La central Guillermo Brown siguió un modelo similar tras un acuerdo firmado en 2010. Los fideicomisos que administraban las plantas de Campana y Timbúes, con Cammesa como fiduciante y el BICE como fiduciario, finalizaron el 1° de junio pasado. Ese vencimiento permitió avanzar con la privatización

Una licitación condicionada por los socios actuales

El proceso tendrá una dificultad adicional: las centrales ya cuentan con accionistas privados, entre ellos Central Puerto, AES y Pampa Energía. Los estatutos de las sociedades les reconocen un derecho de preferencia

En caso de recibir una oferta, esos accionistas podrán igualarla o mejorarla. Por ese motivo, el decreto exige que los pliegos contemplen ese mecanismo, que podría limitar la competencia y concentrar la disputa entre los socios existentes

Aún resta conocer el contenido de los pliegos. Allí también se definirá si se incorpora una restricción para empresas con mayoría de capital estatal, una cláusula que podría impedir la participación de Power Construction Corporation of China, conocida como PowerChina

La valuación será otro punto clave. El precio de las centrales dependerá de sus ingresos futuros, difíciles de estimar luego de los cambios introducidos por el Gobierno en las reglas de remuneración del mercado eléctrico

El objetivo fiscal de la operación

La venta integra el programa de privatizaciones diseñado para fortalecer los ingresos del Tesoro. En julio, Caputo había calculado que el Estado obtendría US$800 millones durante este año y otros US$1500 millones en 2027

Hasta el momento, el Gobierno recaudó US$356 millones por su participación en Transener y US$707 millones mediante la concesión de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue

La Secretaría de Energía sostiene que la operación busca reducir la presencia estatal en el sector y transferir la gestión de las centrales a empresas privadas con capacidad de inversión y experiencia