La jueza federal estadounidense Loretta Preska emitió una resolución que deja sin efecto su sentencia de 2023 a favor de los demandantes y formaliza el cierre del expediente en primera instancia en Nueva York
La decisión acata el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo revocó la condena contra la Argentina por más de US$16.000 millones
La causa todavía puede llegar a la Corte Suprema
El fondo Burford Capital, que litiga en representación de los derechos de Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park, presentó un recurso para que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el fallo
Por eso, la resolución de Preska no constituye necesariamente el final del proceso. La Corte Suprema deberá decidir si asume el caso
El llamado amended final judgement, o sentencia definitiva modificada, incorpora al expediente de primera instancia el resultado de la Cámara de Apelaciones y oficializa su clausura en ese juzgado. Los demandantes buscaban mantener abierta esa instancia mientras aguardaban una eventual revisión, pero la jueza rechazó esa alternativa
El origen del conflicto por las acciones de YPF
La causa se originó en 2012, cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF que pertenecían al grupo español Repsol. El conflicto posterior se centró en el estatuto de la compañía
Ese estatuto establecía que quien tomara el control de la empresa debía realizar una Oferta Pública de Adquisición para los accionistas minoritarios. El reclamo sostuvo que esa obligación no fue cumplida
Tras la estatización, se prohibió el giro y el reparto de dividendos. La medida afectó a los accionistas minoritarios del Grupo Petersen, que poseían el 25% de la petrolera y utilizaban esos dividendos para pagar los créditos vinculados con su adquisición. El grupo terminó en quiebra en España
En 2014, Repsol acordó con la Argentina una indemnización de US$5.000 millones en bonos soberanos. Al año siguiente, Burford Capital demandó al Estado argentino ante los Tribunales del Distrito Sur de Nueva York por el supuesto incumplimiento del estatuto corporativo
Preska estuvo al frente del expediente durante cerca de diez años, después de suceder a Thomas Griesa como magistrado a cargo del juicio