La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para seis estudiantes de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise. Los adolescentes son investigados por una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años
El hecho denunciado habría ocurrido el martes 15 de septiembre, dentro de un bus que trasladaba a alumnos de la institución por el distrito de San Borja
El pedido fue formulado por el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández. Entre los elementos reunidos figuran las declaraciones de los menores involucrados, de los policías que intervinieron y de los padres que denunciaron el caso, además del reconocimiento médico legal practicado al estudiante afectado
La solicitud será evaluada por un juzgado de familia una vez que concluya el periodo de retención en flagrancia. La Fiscalía deberá sustentar los indicios recopilados y explicar por qué resulta necesaria la medida dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil
Cuatro adolescentes fueron liberados
Diez estudiantes fueron retenidos inicialmente en la comisaría de familia Bertha González Posada Eyzaguirre, en el Cercado de Lima. Antes de cumplirse las 48 horas, cuatro quedaron en libertad
Los otros seis fueron trasladados a la sede del juzgado de familia ubicada en la avenida Abancay. Durante el traslado, cubrieron sus rostros y cuerpos con sábanas, frazadas y mantas antes de abordar un vehículo de la Policía Nacional
El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima recibió a los investigados luego de que fueran puestos a disposición judicial
Dictan medidas de protección para el estudiante
El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección preventivas a favor del estudiante afectado
Las disposiciones prohíben a los presuntos agresores acercarse o utilizar espacios físicos y redes sociales, como WhatsApp y Facebook, para contactarlo o ejercer acciones en su contra. También establecen terapias psicológicas obligatorias para los investigados
Además, se ordenó que la comisaría del sector realice patrullajes periódicos y semanales en los alrededores del domicilio de la víctima
La responsabilidad se determinará de manera individual
La investigación se desarrolla bajo las normas aplicables a adolescentes. Por ello, la responsabilidad penal deberá establecerse de forma individual, de acuerdo con el grado de participación que se atribuya a cada estudiante
Las autoridades deberán determinar quiénes habrían intervenido directamente, quiénes colaboraron y qué función cumplieron los demás alumnos presentes en el vehículo
Una eventual medida de internamiento podría alcanzar hasta seis años, aunque el periodo no necesariamente sería igual para todos los investigados
También se examinará la actuación de los adultos responsables del traslado. La investigación deberá establecer qué conocían los profesores, qué observaron y si adoptaron alguna medida ante una posible situación de riesgo
Asimismo, se evaluará si corresponde investigar una posible omisión de socorro y si existieron denuncias o reportes previos sobre hechos de violencia en el colegio. La eventual reparación económica se definirá posteriormente, cuando se establezcan las responsabilidades correspondientes