La crisis del sistema de salud argentino no se manifiesta con un cierre generalizado de hospitales o clínicas. Según el análisis, avanza de manera gradual mediante el deterioro de sus bases financieras, administrativas y regulatorias

El principal desajuste surge de una brecha creciente entre los recursos disponibles y las obligaciones asumidas. El PAMI enfrenta una mayor cantidad de personas con más sobrevida y enfermedades crónicas complejas, mientras disminuye la base de aportantes y aumenta la informalidad laboral

A ese escenario se suma el impacto fiscal de la derogación de la asignación del impuesto PAIS, que dejó un bache financiero. Las prórrogas de las emergencias sanitarias y los parches de corto plazo, plantea el texto, postergan las decisiones estructurales

Una estructura contributiva desigual

El esquema de aportes también presenta asimetrías. De los más de 4,7 millones de monotributistas, el 53% pertenece a la categoría A. Allí, el aporte destinado a salud ronda los 25.000 pesos y no incluye un componente para financiar la cobertura pasiva del PAMI

En contraste, para un salario bruto de 1.500.000 pesos, los aportes del trabajador y del empleador suman 75.000 pesos. El análisis sostiene que estas diferencias terminan siendo subsidiadas por el Estado y por los trabajadores formales

El texto también cuestiona el papel de los sindicatos y sus obras sociales. Señala que, en numerosos casos, los trabajadores son afiliados valiosos durante su etapa laboral, pero pasan a ser considerados un costo cuando se jubilan y requieren más atención médica

Para quienes no pueden pagar una medicina prepaga, la posibilidad de elegir cobertura es limitada. Además, las enfermedades preexistentes pueden encarecer las alternativas disponibles

Hospitales públicos sin recupero suficiente

Los hospitales públicos atienden a millones de afiliados de obras sociales y empresas de medicina prepaga. Sin embargo, pueden quedar atrapados en trámites prolongados para cobrar esas prestaciones

La propuesta es establecer mecanismos automáticos de compensación y recupero cruzado, con débitos bancarios y la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud. Sin ese sistema, el hospital público funciona como prestador gratuito de subsistemas que no pagan en tiempo y forma

El PMO y el costo de las coberturas

El Programa Médico Obligatorio es presentado como una herramienta desbordada por la incorporación de prestaciones sin respaldo técnico ni presupuesto específico. En ese contexto, la judicialización se convirtió en una vía habitual para definir coberturas

La imposición judicial de tratamientos experimentales o de costos muy elevados puede afectar los recursos destinados al conjunto de los afiliados. Como alternativa, el análisis propone transformar el PMO en un Plan Nacional de Garantías vinculante, basado en criterios de costo-efectividad e impacto presupuestario

También plantea crear un Fondo Nacional para Medicamentos de Alto Costo, financiado mediante compras conjuntas y mecanismos de riesgo compartido. El objetivo sería separar esas erogaciones extraordinarias de los presupuestos operativos del PAMI y de las obras sociales

Control, digitalización y coordinación federal

El subsistema privado, sostiene el texto, no debería depender de subsidios o moratorias permanentes. La normalización tributaria, la revisión del saldo técnico de IVA y de las contribuciones patronales deberían estar acompañadas por obligaciones de digitalización, trazabilidad e interoperabilidad

El paso de un modelo de pago por prestación a un monitoreo en tiempo real permitiría registrar qué práctica se realiza, quién la ejecuta y cuál es su costo. La finalidad sería reducir la duplicación de servicios y el sobreconsumo médico

La fragmentación territorial agrega otra dificultad: el sistema de salud está distribuido entre 24 provincias. Por eso, la reforma requeriría un Pacto Federal Sanitario Vinculante y una conducción técnica del Ministerio de Salud junto con sociedades científicas y universidades

La propuesta final combina reglas comunes, mayor equidad contributiva, seguimiento de los fondos y fuentes genuinas de financiamiento. Entre las alternativas mencionadas figura la evaluación de recursos provenientes de sectores estratégicos, como la minería y los hidrocarburos

El planteo concluye que una nueva emergencia o una prórroga no resolverá el deterioro acumulado. Sin decisiones estructurales, controles y coordinación, el costo de la demora recaerá cada vez más sobre los pacientes