Sectores de las Fuerzas Armadas consideran que el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional parte de un diagnóstico atendible, pero carece de los recursos necesarios para llevarlo a la práctica

La iniciativa, enviada por el Gobierno al Congreso en el contexto de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas, crea el Consejo de Seguridad Nacional y establece que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para intervenir en operaciones militares convencionales y no convencionales

El debate se desarrolla junto con el análisis del proyecto de presupuesto 2027. La propuesta prevé un aumento nominal del 20% para el área de Defensa, por debajo de la inflación anual estimada en torno al 30% por el Gobierno y consultores privados

De ese modo, el presupuesto militar perdería poder adquisitivo. También continúa pendiente la equiparación salarial prometida con las fuerzas de seguridad y se mantiene la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, cuya deuda asciende a $160.000 millones

En el ámbito castrense describen el escenario como uno de marcado desinterés y preocupación. El deterioro salarial es señalado como una de las principales causas del malestar entre suboficiales y oficiales subalternos

Las experiencias recientes de despliegue en la frontera norte, destinadas al control, la vigilancia y el apoyo frente al delito complejo, tampoco generaron un entusiasmo significativo. Lo mismo ocurrió con los intentos de involucrar a los militares en tareas contra el narcotráfico

Un cambio en la definición de las amenazas

El origen del proyecto se remonta al decreto 1112/24, dictado durante la gestión de Luis Petri. Esa norma amplió, por vía administrativa, el conjunto de actores considerados amenazas externas

La interpretación pasó de un criterio restrictivo, establecido por el decreto 727/2006, a otro más amplio: se considera amenaza externa todo aquello que afecte la integridad territorial argentina mientras opere desde el exterior

Para el teniente general retirado Juan Martín Paleo, la propuesta no asigna a las Fuerzas Armadas los medios ni el presupuesto necesarios para proteger las fronteras. También cuestionó la creación de una estructura burocrática centralizada en la Casa Rosada, el papel otorgado a los servicios de inteligencia y la postergación de una presencia efectiva de la Argentina en el Atlántico Sur

Entre los militares existe, además, coincidencia en que el marco legal vigente fue diseñado durante la Guerra Fría. Sus categorías de agresión externa e interna, sostienen, no reflejan completamente el escenario internacional actual

Algunos oficiales retirados valoran que el Estado vuelva a discutir qué sistema de defensa necesita el país y que se intente coordinar capacidades hoy fragmentadas. También consideran positiva la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con participación de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia

Sin embargo, advierten que las diferentes culturas institucionales podrían dificultar esa coordinación. La falta de una tradición de trabajo conjunto aparece como uno de los principales obstáculos para que el organismo funcione de manera efectiva

El límite entre defensa y seguridad interior

Una de las principales advertencias surgidas del ámbito militar es que ampliar la definición de las amenazas no equivale necesariamente a extender las misiones de las Fuerzas Armadas

La preparación para operaciones no convencionales, señalan, no debería convertir a los militares en una fuerza de seguridad ni asignarles funciones que corresponden a otros organismos del Estado

También se cuestiona la extensión y diversidad temática de la iniciativa. Especialistas la describen como una ley ómnibus, porque reúne asuntos de distintos niveles y naturaleza

Entre las objeciones aparece la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a desarrollar actividades de inteligencia en el ámbito interno, un debate que había sido dejado de lado durante el período democrático

La controversia por la milla 350

Paleo planteó además reparos por la falta de referencias a la milla 350. La Argentina extendió hasta ese límite los márgenes exteriores de su plataforma continental, con el aval de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

El proyecto, en cambio, restringe la actuación del Comando Conjunto Marítimo a la Zona Económica Exclusiva, delimitada por la milla 200

Según el militar retirado, esa diferencia podría dejar un vacío legal para detener y sancionar la depredación de los recursos ubicados en el lecho y el subsuelo marino

Desde una mirada política, la exministra de Seguridad Sabina Frederic consideró que la iniciativa abre una discusión sobre las tareas, misiones y objetivos de las Fuerzas Armadas en un momento en que el país cuenta con el presupuesto de defensa más bajo de la región